La Paz, 31 de octubre de 2022 (ABI). – El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció sanciones para los trabajadores del Seguro Social Universitario de Santa Cruz por la “irregular” atención realizada como efecto del paro indefinido iniciado en ese departamento el 22 de octubre.
“En el Seguro de Salud a Corto Plazo es el Seguro Social Universitario de la ciudad de Santa Cruz donde se ha presentado la mayor irregularidad en cuanto a la asistencia y el cumplimiento normal de sus funciones. A través de la ASUSS (Autoridad de Supervision de la Seguridad Social de Corto Plazo) vamos a tomar las medidas pertinentes para proceder con las sanciones que corresponda”, indicó Auza.
El 22 de octubre, por decisión del Comité interinstitucional, validada en el cabildo del 30 de septiembre, que reunió a 229.126 personas, según el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), se inició un paro indefinido en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, sin justificar con criterios técnicos esa labor.
Pese a que el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que reunió a más de 300 autoridades de todo el país el 28 de octubre, propuso que una mesa técnica defina la fecha de la realización de la encuesta nacional, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, quien nuevamente no fue parte de ese encuentro nacional, decidió mantener el paro.
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La medida, que cumple este lunes su décimo día, se caracterizó por hechos de violencia y racismo. Julio Pablo Taborga, una persona opuesta al paro, fue asesinado a golpes en Puerto Quijarro el 22 de octubre, otra está en estado de coma por intentar cruzar un punto de bloqueo, mientras que una serie de ataques y enfrentamientos fueron provocados en el Plan 3000 y otras zonas, opuestas al paro.
En Concepción el subgobernador Daniel Velásquez y cívicos agredieron a ayoreos que bloqueaban en contra del paro. En un cabildo se dispuso su expulsión de persistir con su actitud “vandálica” y se los llamó una lacra. En Santa Cruz, al menos 50 personas llevaron bolsas de basura y la botaron en la humanidad de mujeres Bartolina Sisa que estaban en la puerta de su sede.
En tanto, autoridades nacionales, como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, son víctimas de amenazas por parte de sectores a fines del gobernador Camacho, quien advirtió el domingo con “muerte civil” a quien “venda” a Santa Cruz o ceda en el pedido de que el proceso censal se realice en 2023.
Ante ese panorama, Auza acusó a Camacho de apelar a “pretextos políticos para mantener una situación de conflictividad” que “atenta contra la salud del pueblo cruceño” porque no tiene la “capacidad de debatir técnicamente” su propuesta censal.
“La población cruceña se encuentra afectada, el país ha determinado asumir la lógica del diálogo para definir la fecha del Censo, no es una definición de mayoría de votos sino de cuáles son los elementos técnicos que se deben cumplir”, indicó.
Por tanto, la autoridad llamó a la reflexión al gobernador y a los actores políticos que están perjudicando al pueblo cruceño para que suspendan sus medidas de presión y entablen el diálogo con el Gobierno nacional.
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Fuente: ABI