La Paz, 10 de noviembre de 2022 (ABI). – El exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, denunció este jueves una “masiva y sistemática” violación a los derechos humanos como efecto del paro indefinido en Santa Cruz, alentado por el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.
En declaraciones a la estatal Bolivia TV, Racicot señaló que el paro, que se inició el 22 de octubre, ha dado espacio a un “clima generalizado de violación a los derechos humanos”, porque por decisión de unas cuantas personas se está privando a una población de varios millones de ejercer su derecho al trabajo, a la educación e incluso a la libre movilidad.
“Hay una violación masiva y sistemática sobre los derechos de la población cruceña, pero también a las poblaciones de las otras regiones del país”, denunció el especialista quien fue el representante de la ACNUDH en Bolivia entre 2007 y 2017.
Como evidencia de su afirmación, citó un conjunto de acciones que son atribuidas a sectores que promueven el paro indefinido en contra de una gran mayoría de la población cruceña que la rechaza.
Recordó que el primer día del paro, el 22 de octubre, cívicos apalearon hasta dar muerte al funcionario municipal de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga, y que el día 28 de octubre, el subgobernador de Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, agredió a mujeres del pueblo Ayoreo por oponerse al paro.
Además, mencionó el deceso de un joven albañil, el 9 de noviembre, como “efecto guillotina, cuando intentaba cruzar en su motocicleta una calle con alambres tendidos”.
Racicot indicó que una movilización, como la que alientan grupos “antidemocráticos” de Santa Cruz por la fecha de realización de un Censo, no se ha visto en América Latina ni en el mundo, porque su desarrollo es un asunto eminentemente técnico y que deberá estar marginado de apreciaciones políticas.
“Nadie puede pensar, en su sano juicio, que es una cosa adecuada privar a millones de personas de hacer su trabajo, de parar, por una fecha sobre el Censo, eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad”, insistió Racicot.
Consideró “patético” que mientras se obliga con palos y detonantes a cumplir el paro en zonas periféricas y poblaciones rurales, en la ciudad capital “haya un paro festejando, bailando, con comida y bebida”.
Pero muy al margen de ello, el exrepresentante de la ACNUDH alertó que, con el paro en Santa Cruz, se está avanzando a generar el “mismo clima” que se presentó en 2019 que “desembocó en el golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.
De hecho, el miércoles, durante un acto en la capital cruceña, el otrora cívico Luis Fernando Camacho evocó las movilizaciones de 2019 donde su padre tuvo un rol protagónico al “cerrar con los militares y policías” para no reprimir las protestas y aseguró que “vamos a volver a ganar esta lucha”.
Y al igual que ocurrió ese año, uno de los brazos represivos para hacer cumplir el paro en la capital cruceña es, de acuerdo con Racicot, el grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cuya desarticulación fue sugerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Racicot dijo que es tiempo de que se investigue a este grupo paramilitar que genera “violencia y terror” en Santa Cruz con el fin de identificar sus actividades, actores y también a sus financiadores.
“Todavía no se ha investigado a fondo la actividad de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia Juvenil Cochala. No se ha investigado el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos”, criticó el especialista canadiense.
Jfcch/Afbs
Fuente: ABI