La Paz, 10 de noviembre de 2022.- Las rotondas o plazas en la ciudad de Santa Cruz se convirtieron en escenarios de horror. Allí, según denuncias de víctimas y defensores de derechos humanos, han ocurrido hechos abominables, muchos no denunciados que permanecen en la oscuridad.
Los movimientos violentos organizados por la Gobernación, el Comité Cívico pro Santa Cruz y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), paralizaron una parte de la capital mediante la ocupación de rotondas y plazas, e instalación de barricadas de tierra, piedras, llantas de goma, troncos de árboles recién talados, alambres de púas, gasolina y hasta dinamita.
Las barricadas están dirigidas por militantes agresivos de la paramilitar ultraderechista UJC. Sus refuerzos son jóvenes, hombres y mujeres del lumpen o fanáticos del fascismo, que llevan por armas: machetes, bates, palos incrustados con clavos, cuchillos preparados para pinchar llantas, potentes petardos, dinamita, bidones de gasolina y, en más de un caso, armas de fuego.
Sí, también participan vecinos que siguen a ciegas a sus líderes políticos Fernando Camacho y Rómulo Calvo.
No falta, en las rotondas ocupadas, bebidas alcohólicas en abundancia, churrascos, música en vivo y “ollas comunes”, costos que no salen del bolsillo de esta gente movida en los puntos de agresión.
Hasta que corrió el telón que develó el horror personificado: cinco hombres violaron en manada a su compañera de bloqueo, una muchacha de 21 años; ahora que denunció a sus agresores, puede que corra más peligro.
La Policía Boliviana, en Santa Cruz, no ha descartado que exista un mayor número de víctimas de violación en los lugares de bloqueo, convertidos en degeneradas cantinas a cielo abierto.
Desde la primera hora del sábado 21 de octubre, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho ordenó el inicio de la ocupación de rotondas, anillos urbanos, barrios populares y cuanta vía de circulación podían alcanzar, la violencia escaló sin límites.
Las redes sociales, primero tímidamente, comenzaron a difundir actos de agresión contra vecinos que intentaban cruzar alguna barricada para llegar a sus casas, si eran considerados “masistas” o “collas” deberían soportar ofensas, racismo, odio como de las que fue víctima una mujer de pollera, a quien la obligaron a quitársela.
La mujer de pollera no fue la única. Los ultrajes y agresiones físicas se extendieron a trabajadoras, ciclistas, vendedoras minoristas, madres con hijos enfermos, médicas, enfermeras, sólo por pedir pasar las barricadas embravecidas o no estar de acuerdo con el paro cívico.
Cuatro personas murieron en esta ola sangrienta. Un humilde trabajador de Puerto Quijarro, rematado a palos; un joven moto-taxista, con la cabeza semi desprendida de su cuerpo por efecto de un alambre tensionado; otro joven murió a cuchilladas en un punto de bloqueo, al que le extrajeron el corazón; y el cuarto, golpeado hasta morir.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) constató que el gobernador Luis Fernando Camacho instauró en su territorio autónomo, un régimen de “terrorismo de Estado”.
Los cívicos tienen en su haber actos delincuenciales mediante la extorsión de personas y conductores de carros que pagan un precio para seguir su camino. Así, un bus de médicos fue interceptado por grupos armados, a quienes les obligaron a mostrar credenciales y cédulas de identificación.
La violencia organizada por el gobernador Camacho y el cívico Calvo avanzó más allá de las rotondas del horror: intentos de ocupación forzosa de entidades públicas como la Gerencia de Impuestos, la oficina de Aduana Regional, Bolivia Tv de Santa Cruz y una agencia del Banco Unión.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, exclamó, al presentar el resumen de hechos criminales sucedidos durante el paro cívico (4 muertos, violación masiva y 178 denuncias de personas heridas): “esto no es Santa Cruz, ¡las cruceñas y cruceños no somos así!”.
El gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo “tienen las manos manchadas de sangre”, dijo.
Los mensajes de enfrentamiento no cesan ni por el acuerdo nacional por el Censo de Población y Vivienda, aprobado en Trinidad, por todas las delegaciones del país excepto la cruceña. Al contrario, esta noche una denominada “caravana del censo” de la universidad pública se movía en actos de amenaza y provocación, en dirección a la rotonda principal de la Villa Primero de Mayo.
Los medios dominantes de Santa Cruz no informan sobre el funcionamiento de las rotondas del horror, menos de las víctimas que dejaron en su camino.
Nfm/Afb
Fuente: ABI