El mundo conoció este miércoles la noticia no sólo de que Pedro Castillo había anunciado en cadena nacional la disolución del Congreso, sino que, en menos de tres horas, el Congreso sesionó de manera urgente por ese motivo y votó por la vacancia de Castillo, quien inmediatamente luego intentó asilarse en Embajada de México mientras las Fuerzas Armadas decían que no iban a acatar el golpe, hasta que finalmente lo detuvo la policía.
La aventura de Castillo ha sido bastante corta, pero ha dejado una larga lista de reacciones absolutamente reprochables por parte de distintos políticos latinoamericanos afines al ahora exmandatario, como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha afirmado por medio de sus redes sociales que el ex presidente peruano en realidad fue víctima de una persecución y un golpe parlamentario contra su gobierno por ser un humilde profesor de la sierra.
Además, Petro ha dicho que “el Congreso ya había decidido destituirlo (a Castillo) sin respetar la voluntad popular”, dando a entender que la democracia es única y exclusivamente “el voto popular”, y no así -y sobre todo- la separación y el equilibrio de poderes, toda una arquitectura legal constitucional para tratar de preservarla constantemente. Claramente, la extrema izquierda latinoamericana del Grupo de Puebla presupone que el voto es un cheque en blanco para quien gana elecciones.
Por otro lado, el presidente electo del Brasil, Lula da Silva, prefirió mostrarse más equilibrado con un breve mensaje escrito y difundido también por sus redes. No apoyó, pero tampoco condenó abiertamente la actitud de Castillo.
El silencio cómplice del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien a pesar de ser parte del mentado Grupo de Puebla, es igualmente condenable, pues ni siquiera se ha pronunciado al respecto.
El caso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con Castillo es tan deplorablecomo el episodio que tuvo con Bolivia cuando Evo Morales cometió fraude, renunció y abandonó el cargo antes de que la Asamblea Legislativa aceptara su renuncia, cuando le envió un avión militar para recogerlo y le otorgó asilo en México para evitar que asuma su responsabilidad por la manipulación dolosa ampliamente demostrada y probada que cometió durante las elecciones de 2019: luego de ver que su golpe no tenía apoyo alguno, Castillo trató de refugiarse en la embajada de México de la misma manera que lo hicieron todos los colaboradores del gabinete de Morales.
Aún así, AMLO dijo también por medio de sus redes: “Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo.”
Tamaña hipocresía la de AMLO, que ni siquiera habla de la frustrada disolución del Congreso peruano.
Pero sin lugar a dudas, probablemente el apoyo más reprochable que Castillo ha recibido en su intentona golpista cavernaria, ha sido el que ha recibido desde Bolivia por parte de Luis Arce Catacora.
En la misma línea de Petro y AMLO, Arce ha afirmado: “Desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social. El constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos, debe ser condenado por todas y todos.”
Contrariamente a lo que manda la propia Constitución que Arce promovió, que reza que el país no apoyará ninguna dictadura, Bolivia ha apoyado abiertamente las peores dictaduras ya no sólo de América Latina, como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino en el mundo como las de Irán, China y Rusia, incluyendo su apoyo a la invasión contra Ucrania al haberse abstenido en dos oportunidades en firmar la resolución de la ONU para tratar de detenerla.
Más aún, con los antecedentes del frustrado golpe de Castillo en Perú, la ex presidente Jeanine Áñez debería ser inmediatamente liberada, puesto que se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de marzo de 2021 en una celda de La Paz, por haber seguido el orden Constitucional y haber respetado la institucionalidad democrática sin ceder a la tentación de disolver el Congreso cuando este se encontraba liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que bloqueaba cada iniciativa gubernamental dirigida a, entre otros varios aspectos, encarar la crisis sanitaria del COvid-19, al haberse negado a imponer un estado de sitio, por haber convocado a elecciones y haber entregado la banda presidencial de manera impecable.
Lo cierto de todo esto es que Pedro Castillo no fue destituido y detenido por ser un humilde maestro campesino de zona rural, tampoco por ser comunista afín al grupo terrorista de Sendero Luminoso, ni por ser casi analfabeto, sino por su intento de golpe de Estado y la violación a la Constitución, a lo cual también seguirá su responsabilidad por hechos de corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilícito tanto de él y su entorno, entre varios otros.
Al mismo tiempo, es de suma importancia destacar el espíritu democrático de la ciudadanía peruana que decidió salir a las calles en repudio de las decisiones de Castillo e incluso para tratar de detenerlo, y por si fuera poco, también la fortaleza democrático institucional del Perú, que ha sido capaz de llevar a presidentes y ex presidentes como Toledo, Humala, García, Kuczynski y Vizcarra por casos de corrupción ante los estrados judiciales para que asuman su responsabilidad, pero por sobre todas las cosas, porque ha evitado que Castillo repita el golpe de Estado de Fujimori -que también fue corrupto- de hace exactamente 30 años atrás, en 1992, sin discriminar entre izquierdas y derechas.
En definitiva, la cultura del totalitarismo debe ser enfrentada, detenida y condenada implacablemente no sólo en América Latina -que puede empezar por frenar decididamente al Grupo de Puebla, por ejemplo- sino en el mundo. Cuánto le falta hoy a Bolivia aprender de todo esto.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 8 de diciembre de 2022.
