Muchas son las incógnitas que el régimen de Luis Arce Catacora tiene que responder sobre cómo va a sobrellevar los desafíos de 2023.
Por un lado Arce enfrenta el agravamiento de la crisis económica internacional, marcada fundamentalmente por la persistente inflación y la probabilidad creciente de una nueva recesión económica global.
La inflación en las primeras economías, sobre todo de EEUU y la Eurozona, todavía se encuentran en máximos de 40 años, y no solo organismos como el FMI, que suelen ser bastante conservadores y optimistas con sus proyecciones, han dicho ya en octubre que 2023 será peor que 2022, sino que, además, son cada vez más los indicadores que permiten anticipar la recesión a pesar de los bajos niveles de desempleo actuales y que convencen a cada vez más escépticos.
Por otro lado, lo que más les interesa a las economías como las de América Latina y particularmente la de Bolivia, que son típicamente dependientes de las materias primas que exportan, es la cotización del precio del petróleo, y en este escenario la tarea de Arce estriba en encarar las dificultades que implica seguir tratando de salvar un modelo económico que, contrariamente a lo que sucedió en el pasado reciente, con un precio del barril de petróleo a alza que hoy es motivo de preocupación.
Esto es así porque la capacidad de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es cada vez menor y, por tanto, la necesidad de importar combustibles es cada vez mayor. Esto no representaría un problema tan alarmante ni difícil de resolver si las reservas del Banco Central para respaldar la operación no fueran tan reducidas, si los precios internacionales no fueran tan elevados y, más aún, si se busca por todos los medios posibles seguir estimulando la demanda interna incrementando los niveles de gasto público y de la deuda pública al límite.
Para tratar de salvar esta dramática situación, Arce busca compensar la caída de ingresos por varios métodos, pero sobre todo por medio del incremento de la deuda pública. De hecho, eso es lo que abiertamente se propone con la promulgación de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 que se discutió desde hace un par de semanas atrás y que acaba de ser aprobada.
Al menos hasta mediados de 2022, la deuda pública alcanzaba el 84% del PIB, y de acuerdo con Luisa Nayar, diputada cruceña de oposición, hay toda una serie de proyectos para adquirir cada vez mayor deuda como, por ejemplo, un proyecto de ley de un préstamo con el BID de 100 millones de dólares, de un préstamo con el Instituto de Crédito Fiscal de 30 millones de dólares, un crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo de 200 millones de euros, de un crédito con el Banco Mundial de 300 millones de dólares, y encima se pretende recurrir a una nueva emisión de bonos soberanos por 2.000 millones de dólares luego del rotundo fracaso tratando de hacer lo mismo en el primer trimestre de esta gestión.
Es decir, esto parece una apuesta, ¿Qué sucede si Arce consigue incrementar la deuda como Nayar advierte, pero la economía no se recupera tanto como quiere y como advierten los organismos internacionales?
De hecho, las pretensiones de Arce con el incremento de la deuda parecen ser bastante más peligrosas que lo que se podría observar inicialmente, pues tan recientemente como el 7 de diciembre, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s decidió rebajar la calificación de riesgo de Bolivia no sólo por la coyuntura, sino por el cuadro macroeconómico que el país presenta.
Entonces, 2023 no luce en absoluto halagüeño sobre la economía. Esto es algo que ya se advierte hace años y nada permite cambiar de rumbo. Lamentablemente son demasiados los que simplemente se sientan a esperar que finalmente suceda lo peor, aunque, sin lugar a dudas, siempre es mejor tomar decisiones un año antes que un minuto tarde.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 18 de diciembre de 2022.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano está zombificado
