Desincentivo al comercio digital
Durante la semana, el diputado opositor Miguel Roca denunció “descuidismo tributario”, en relación al decreto que grava con el RC-IVA a la profesión independiente y a oficios realizados libremente.
“Es necesario alertar a la sociedad boliviana. En los últimos días del año (29 de diciembre) se aprobó el decreto supremo 4850, el cual dice que es para profesionales independientes, pero en realidad es para todos los que hacen comercio y, sobre todo, por la vía digital”, dijo el parlamentario.
Roca advirtió que quienes hagan ventas de productos vía Marketplace y QR o reciban transferencias por banca virtual deberán pagar al Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) de manera trimestral el 13% de sus ingresos: “Si no pagas ese 13% te cobrarán tres, cuatro, cinco veces más, y con el tiempo con seguridad mucho más, aunque no tengas NIT, con sólo tener un número de cuenta o carnet de identidad”.
El viceministro de política tributaria, Jhonny Morales, negó que el impuesto afecte a los pagos a plataformas digitales como Netflix o Spotify, pero no se refirió a otras aseveraciones del diputado.
Montenegro desmiente al gobierno de Evo
El 13 de enero de 2019, el entonces ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció un “éxito” con el pozo exploratorio Boyuy X2, donde se habría descubierto un “mar de gas” debajo de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Cuatro años después, el ministro de economía Marcelo Montenegro dice que lo del “mar de gas” era “una mentira que un ex ministro le hizo creer a Evo Morales”. Así lo afirmó el funcionario en una reunión con corresponsales de agencias internacionales.
“Hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años, en esos momentos”, agregó Montenegro.
Para el analista José Padilla, ex secretario de hidrocarburos de la gobernación cruceña, para retomar actividades exploratorias importantes hace falta “una ley atractiva a la inversión y seguridad jurídica. Se debe hacer sísmica dos y tres con empresas de alto nivel”.
Restricciones a las AFP y crédito privado
En días recientes, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) emitió una resolución que limita las inversiones de las AFP en bonos y depósitos a plazo fijo de los bancos privados.
Se trata de la Resolución 1796/22, que establece: “Con la finalidad de mitigar el riesgo de inversión en DPF de las entidades financieras que presentan mayor riesgo crediticio a tasas superiores, resulta pertinente establecer mayores restricciones en el reglamento de inversiones del SIP vigente”.
Esto, de acuerdo a la opinión de varios expertos del sector, haría más difícil acceder a créditos en la banca privada. El economista Gabriel Espinoza dijo que la mayoría de los bancos cumplen con las condiciones dictadas en la resolución para invertir, pero que la medida va a “dejar de lado” a algunas entidades financieras.
“Hará que los recursos, al estar más restringidos de ser colocados en la banca, tiendan a ir más fácilmente a títulos del gobierno y del TGN”, adelantó.
Se pronuncian los exportadores
La Cámara de Exportadores (CADEX) de Santa Cruz emitió un duro pronunciamiento durante la semana, señalando que el deterioro de la democracia y la estabilidad jurídica en el país pone en riesgo las inversiones y el desempeño productivo, “arriesgando miles de fuentes de empleo de familias bolivianas, que ansían recuperarse luego de pandemias y crisis sociales y económicas que nos ha tocado vivir”.
La CADEX hizo alusión a la detención del gobernador cruceño y a la represión policial, condenando el “atropello a los derechos humanos de la primera autoridad departamental electa”.
La entidad exigió al Poder Judicial que demuestre su independencia y a la Policía que respete la vida de la ciudadanía.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo