Fuga del narco-sicario
El escape de un reo brasilero vinculado al cártel del PCC, que acabó con la vida de un sargento de la policía boliviana e hirió a otro efectivo, puso en entredicho las prioridades del Ministerio de Gobierno, que ha estado más enfocado en la persecución política, como señalaron parlamentarios de oposición.
También se discutió el doble rasero en términos de custodia, ya que el peligroso reo, que ya tenía antecedentes de fuga, fue acompañado en su salida médica del penal de Chonchocoro por sólo dos uniformados. Esto contrasta con el mega-operativo aplicado para la detención o secuestro del gobernador cruceño.
Lo peor es el avance territorial del PCC (Primer Comando de la Capital) en el este del país, algo que viene sucediendo desde la gestión de Evo Morales.
Entre las amenazas de muerte y el revocatorio
Un hito central de la semana fue la difusión de un audio donde Evo Morales habla de “revocar a Lucho”. En la grabación, el ex mandatario dice que las bases preguntan “cuándo vamos a sacar, cuándo lo vamos a revocar” al presidente Luis Arce.
El ex viceministro Freddy Bobarin, enemigo declarado del “jefismo”, opinó que con “revocar” en realidad se habla de quitar la vida. Desde el evismo se dice que son los renovadores los que buscarían atentar físicamente contra Morales.
Ante esta tensa situación, hay analistas que han comparado la interna del oficialismo con una “guerra de cárteles”. Una explicación menos dramática es que el sector radical que responde a Evo está buscando cómo capitalizar la amenaza de revocatorio contra Arce lanzada por el movimiento cívico nacional.
Sobre esto último, una reciente encuesta de Diagnosis refleja prácticamente una paridad entre quienes votarían para revocar al gobernante (40%) y quienes lo ratificarían (39%), con un alto porcentaje de indecisos. Si las reglas incluyen que el voto por la revocación debe ser mayor al logrado por Arce en las elecciones del 2020 (más del 55% según las cifras oficiales), el camino parece cuesta arriba.
“Guerra a Lucho” y polémica sobre el Estatuto
Volviendo a la interna azul, otros coletazos en la semana fueron la denuncia de una diputada arcista, quien advirtió que Morales instruyó a sus parlamentarios a “hacerle la guerra a Lucho” y los desplantes de un diputado evista contra el presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado.
Una pugna central es la que tiene lugar sobre el Estatuto orgánico del MAS, que una legisladora arcista está llevando a control de constitucionalidad en el TCP. Se cuestionan siete artículos, entre ellos la jefatura vitalicia de Evo y la antigüedad para las candidaturas, que pone los cargos electivos en manos de la vieja guardia.
Alarma europea por Bolivia
El martes, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tuiteó sobre la situación en Bolivia, “condenando firmemente todos los actos de violencia y subrayando la importancia del diálogo, el respeto del estado de derecho, debido proceso y reforma de la justicia”.
Por su parte, el comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia de la CIDH, planteó la necesidad de modificar los tipos penales de terrorismo y financiamiento al terrorismo, debido a que son “tipos abiertos y que no están acotados a parámetros ciertos”. Igualmente, instó a Bolivia a aplicar el fallo de la justicia interamericana contra la reelección indefinida.
Cambios en la justicia: referéndum o ley
La muerte en la clandestinidad del ex líder cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel Huallpa, es otro síntoma de la persecución política judicializada en el país. También el ex rector Waldo Albarracín y el ex alcalde paceño Luis Revilla siguen en la clandestinidad, entre otros casos.
Desde el MAS, se descarta la posibilidad de llevar a cabo el referéndum de reforma judicial que impulsa un grupo de juristas independientes, dados los plazos acotados, y se alista la convocatoria a elecciones de magistrados. Los promotores de la consulta responden que los tiempos son suficientes “si el Estado funciona a cabalidad”.
El presidente del TSE tercia en el asunto, indicando que el mecanismo de selección de postulantes podría mejorarse mediante una ley, y dos ex integrantes de la Asamblea Constituyente presentan al respecto un anteproyecto, que propone la contratación de una empresa especializada en hacer evaluaciones.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo