Putin al teléfono
El viernes, en el preciso día en que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños en Ucrania, el presidente Luis Arce no tuvo mejor idea que mantener una conversación telefónica con el autócrata ruso, remarcando las “relaciones de amistad”.
Human Rights Watch (HRW) le preguntó irónicamente al mandatario boliviano “si le habló a Putin sobre los crímenes de guerra”.
Un comunicado de Moscú subrayó que entre los temas conversados estuvo la cooperación energética, un eje también mencionado en un tuit de Arce. Esto ha motivado hipótesis sobre una eventual ampliación de las importaciones de petróleo ruso por parte del Estado boliviano.
Otro personaje que se “solidarizó” con Putin ante la orden de captura de la CPI fue Evo Morales. Días atrás, el ex presidente también había dejado volar su imaginación sobre una “intervención imperial”, luego de las declaraciones de la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en las que criticaba el avance de Rusia y China en el triángulo del litio sudamericano.
Imagen presidencial en obras
Durante la semana, el presidente abrogó el decreto 4134, emitido por el gobierno de transición en enero del 2020. La norma prohibía el uso de la imagen presidencial en las obras públicas o en anuncios sobre las mismas, algo que durante el periodo de Evo había sido utilizado para construir el “culto a la personalidad”.
Con la abrogación, Arce se asegura un instrumento más de propaganda de cara a su ansiada reelección en el 2025.
Judicialización inter-masista
Mientras tanto, la guerra interna en el Movimiento Al Socialismo está llegando a los estrados judiciales. Un diputado evista que ha estado a cargo de las mayores denuncias de corrupción contra el gobierno (ABC y el litio, entre otras) fue obligado a declarar ante la Fiscalía. El Ministerio Público también estaría llamando a declarar a Evo, Álvaro García Linera y Carlos Romero, dentro del caso “golpe I”.
“Si tocan a Evo nos levantamos”, advierten desde el ala radical del partido azul. Es poco probable que el asunto pase a mayores respecto a Morales y su ex vicepresidente, pero las “seguridades” que Romero dio a Luis Fernando Camacho durante su llegada a La Paz en el 2019 pueden dar lugar a una situación más complicada para el ex ministro, quien ha estado denunciando un sobreprecio en las importaciones de combustible de YPFB.
Evo, Manfred y Lima
En la semana, se produjo un duro cruce de calificativos entre Morales y Manfred Reyes Villa. El primero tildó de “rey de la corrupción” al alcalde de Cochabamba y éste lo llamó “dictador nefasto”.
Curiosamente, días después el ministro de justicia Iván Lima dijo que, por las sentencias en su contra, Reyes Villa podría “perder la libertad”. Queda la duda si se trata de un gesto de apaciguamiento hacia el evismo, un intento de neutralizar al alcalde cochabambino como presidenciable o la “adquisición hostil” de un nuevo socio político, como ya se hizo en el pasado con René Joaquino.
Frente único
El gobernador Camacho difundió una carta desde prisión, diciendo que el gobierno “se hunde en la crisis” y convocando a unificar las fuerzas democráticas en un mismo movimiento para el 2025.
Un diputado de Comunidad Ciudadana dijo que no irán juntos con Camacho al proceso electoral, mientras que otro legislador de esa tienda política, el senador Rodrigo Paz, cruzó el Rubicón y anunció que quiere jugar “desde la cancha y como titular”, lo que puede significar una alternativa de reemplazo a Carlos Mesa o un puente para construir un binomio con otras alas de la oposición.
Disidencias en el TSE
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, dijo que “no sabemos si eso puede avanzar en el curso de este año, lo veo difícil”, respecto al referéndum de reforma de la justicia. Pero Tahuichi Quispe, vocal del TSE, opinó que “no se puede desestimar” la iniciativa.
Por su parte, el movimiento cívico llama a hacer del 26 de marzo el “Día Nacional del Firmazo” en apoyo a la consulta. En el Parlamento, continúa el debate en la Comisión Mixta para la unificación de los proyectos de reglamento de selección, con miras a la convocatoria de comicios judiciales. Las diferencias entre oficialismo y oposición incluyen temas como el rol que tendrían las veedurías civiles y la posibilidad de rotación en los órganos jerárquicos del sistema de justicia.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo