El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, pidió este miércoles a la población que no se deje atrapar por la corriente golpista que moviliza a sectores sociales en contra de la Ley 1386, de la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, para buscar impunidad por los hechos violentos de la ruptura constitucional de 2019.
“Apelamos a la conciencia política del pueblo boliviano para que no se dejen sorprender, ni se deje arrastrar por intereses ajenos a los intereses que tienen los sectores que han anunciado su movilización. No nos dejemos atrapar por esa corriente golpista que ya hizo daño al país el 2019, que golpeó a las economías de las grandes mayorías del país y que hoy, acorralados por la justicia, quieren impunidad y, para ello, quieren instrumentalizar a estos sectores sensibles que tiene el colectivo social”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.
A contramano, la autoridad estatal recordó que el Gobierno nacional abrió el martes un diálogo sobre el contenido de la Ley 1386 con diferentes sectores sociales y dijo que continuará con el proceso, porque considera que es el mecanismo para desenmascarar a los actores políticos que están detrás de la movilización contra la normativa.
Mencionó que las conversaciones con las organizaciones sociales buscan que los implicados en el rechazo al instrumento legal dejen de utilizar a los gremialistas, transportistas y mineros para “saciar apetitos e intereses político partidarios, que tienen como objetivo desestabilizar al gobierno y nuevamente generar crisis económica y corrupción”.
“Con el mayor respeto, les invitamos a debatir uno por uno los siete artículos que hacen a la Ley 1386 o revisar la estrategia que es parte del objeto de esta ley y vamos a ver que en ninguna parte hace referencia, ni una sola palabra que se pueda encontrar, (al término) gremial, que se pueda encontrar carniceros, que se pueda encontrar transportistas”, sostuvo.
La autoridad estatal ratificó que la aplicación de la Ley 1386 no alcanza a las actividades de los sectores sociales, porque sólo tiene “un brazo justiciero” para combatir a aquellas personas que están ligadas al narcotráfico, a la trata y el tráfico de personas, a la corrupción y a la falsificación de billetes.
Fuente: ABI