La expresidenta Jeanine Áñez, con el alto mando militar, tras asumir el poder. ARCHIVO
La imputación de la Fiscalía contra exjefes militares en el denominado caso «golpe de Estado II» expone una tesis que señala que hubo una «investidura irregular», una «supuesta presidenta», una «ruptura del orden constitucional», una «puesta en escena», un «premeditado plan» y una «usurpación de la soberanía popular» en los hechos que derivaron en la asunción de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
La imputación, firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Los sindicados son el exjefe de Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Partor Mendieta; el excomanadante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, todos los que participaron en la conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2019, en el que se sugirió la renuncia de Evo Morales, a la cabeza de Williams Kaliman.
En las conclusiones que expuso la Fiscalía en la imputación, se señala que los exjefes militares tuvieron una «participación dolosa» en lo que el Ministerio Púlbico denomina como «el acto final de investidura presidencial irregular».
Para la Fiscalía, la «sugerencia» de renuncia tenía un «carácter de imposición» contra el presidente constitucional. Emitirla fue una decisión tomada en consenso por los imputados, juntamente con Kaliman, según el Ministerio Público.
La imputación acusa a los exjefes militares de «haber apoyado y colaborado a la ex senadora Áñez en su autoproclamación, siendo que no se constituyó sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional alguna».
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«No permitieron la continuidad legítima en el titular del poder ejecutivo, perpetrando hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente y la violación de los principios democráticos, para consolidar una sucesión presidencial anómala, violentando la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional, actos propios de autores que proceden conjuntamente con JEANINE ÁÑEZ CHAVEZ y sin cuya participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico», afirma la imputación.
También los fiscales señalan, en el documento, que se puede advertir una «sincronía perfecta en el premeditado plan que existía», puesto que un día antes de la asunción de Áñez se tramitó el retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia.
En este caso, se investiga los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción de Jeanine Áñez el 12 de noviembre, cuando, siendo vicepresidenta segunda del Senado, llevó adelante sesiones para asumir, primero, la presidencia de la Cámara Alta y, luego, del Estado, ante las renuncias públicas y ausencia de autoridades superiores.
Via: Erbol
Fuente: Detrás de la Verdad