Un recluso de la cárcel de Cantumarca, en el departamento de Potosí, relató que fue objeto de agresión y extorsión por parte de Yassir Molina, cabecilla de la organización criminal Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y sus allegados, según informó Bolivia Tv.
Por su lado Molina, antes de ser enviado a otra cárcel en Oruro tras un motín en el recinto penitenciario de Cantumarca que exigió su salida, declaró a la agencia ANF que «lamentablemente vivir bien había sido un delito».
Los reclusos de la cárcel potosina realizaron el viernes un motín exigiendo la expulsión de Molina y otros integrantes de la RJC debido a que ellos extorsionaban y agredían a los nuevos privados de libertad, según denuncias.
“Me han pateado ahí adentro (…) era un alto, choco, con tatuaje y polera. Cuando estaba entrando me dijo ‘Aquí se saluda, hay que respetar’”, contó uno de los reclusos de Cantumarca entrevistado por el canal televisivo Bolivia Tv.
“‘Que cosas estás agarrando en tu mano. Traiga’, me han dicho sus cuates (amigos) luego dijeron ‘salga’”, indicó el recluso, quien relató cómo le quitaron sus pertenencias.
El privado de libertad, quien no fue identificado, fue derivado al sector de atención médica, según las imágenes.
“A través de una entrevista de manera exclusiva, Bolivia Tv se contactó con un privado de libertad del penal de Cantumarca, cuenta los abusos que vivía por parte de Yassir Molina”, indica el reporte de la estación televisiva mediante su cuenta de Facebook.
En respuesta, Molina declaró a la ANF que «lamentablemente vivir bien había sido un delito» y negó que exista una pugna de poder al interior de la cárcel o que haya extorsionado a los reclusos.
«Aquí no hay una pugna de poder como lo indican, nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mi no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes», dijo Molina antes de ser enviado a otro penal en el departamento de Oruro, indica el reporte de la agencia.
Tras un motín que se registró el viernes en el penal de Cantumarca, por orden judicial se decidió enviar a Molina y a otros cuatro miembros de la RJC hasta el centro penitenciario de San Pedro en Oruro, para evitar mayores conflictos.
Tanto la RJC, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) son considerados como grupos paraestatales que operaron durante el golpe de Estado de 2019, por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el desmantelamiento de esas organizaciones criminales.
Esos grupos, involucrados en el ataque a indígenas y mujeres de pollera que protestaron contra el régimen de Jeanine Áñez, también estuvieron detrás de las vejaciones y humillaciones públicas a Patricia Arce, entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba y ahora están detrás de las amenazas contra activistas estadounidenses de derechos humanos que cuestionaron el accionar de esas organizaciones irregulares, según dijeron los activistas afectados.
Fuente: ABI