Ante denuncias de una supuesta adquisición irregular de ambulancias el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, rechazó tal versión y enfatizó que son aseveraciones sañudas y alejadas de la verdad, y emplazó a los denunciantes a demostrar tal acusación con la respectiva documentación.
“En mi condición de Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Departamental de Potosí, y frente a algunas publicaciones de medios virtuales que, en el afán de supuestamente informar, intentan desprestigiar nuestra gestión institucional, con respecto a nuestro accionar frente al COVID-19, tengo a bien de expresar con absoluta claridad y contundencia, lo siguiente: Nuestro compromiso con la población, al momento de asumir nuestro mandato en medio de una profunda crisis sanitaria, se sustenta en tres líneas de acción oportuna, las cuales se cumplieron bajo el siguiente orden”, aseveró la autoridad mediante un comunicado oficial
El primer punto detalla que se asumió el compromiso de resolver la escasez del suministro de oxígeno, y lo cumplimos antes que los demás departamentos hermanos.
El segundo, hace referencia al compromiso de resolver el déficit de recursos humanos e insumos en el área de salud, que se cumplió con la dotación de más de 200 ítems, medicamentos, equipamiento, insumos de bioseguridad y pruebas de detección para contener la pandemia y proteger a nuestra población.
En el tercer punto, destaca que la línea de referencia y contrarreferencia ambulatoria tiene deficiencias sentidas, por lo que se decidió fortalecerla con la dotación de ambulancias a todos los municipios, indistintamente de su color político.
“Esta acción está en pleno proceso de implementación, y en ese contexto, algunos desavenidos han hecho aseveraciones sañudas y alejadas de la verdad, lo que nos tiene sin cuidado. De todas maneras, los emplazo a demostrar documentalmente sus denuncias”, expresó Mamani.
Como esta gestión, acota, implica el manejo de recursos públicos, y que su administración hace cumplir los procedimientos legales, administrativos y técnicos para proceder al pago respectivo; es decir, no se paga algo que no se recibe, y menos si no cumple con las características técnicas solicitadas y fijadas en un contrato administrativo.
“Las empresas que suscriben contratos con la gobernación deben previamente comprobar su solvencia fiscal con un aval de la Contraloría General, además, deben contar con RUPE, NIT, registro de Fundempresa, boletas de garantía y otros documentos ineludibles”, dijo.
Finalmente, los procesos de contratación de bienes y servicios, cual fuera la modalidad, están regidos a mecanismos y protocolos establecidos por ley y gestionados por unidades solicitantes, unidades de calificación y recepción, unidades pagaderas y demás.
Todos los actos administrativos son de acceso libre para la población, en el marco de la transparencia con que asumimos el cargo y a la cual nos apegaremos hasta el último día que nos toque cumplir esta labor que nuestro pueblo nos encomendó con sus votos, y a quien prometimos no defraudar, concluye el comunicado.
Fuente: ABI