En el marco del Proyecto de Análisis Prospectivo y Diálogo, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia) difundió los resultados de su más reciente estudio, concluido en marzo de este año, con la participación de “un grupo plural y selecto de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en diferentes campos del país”.
El 70,9% de ese “grupo selecto” considera que Jeanine Áñez debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades por las muertes en Sacaba y Senkata, ocurridas durante los conflictos de noviembre y diciembre de 2019.
De los 119 entrevistados, vía online entre el 4 de febrero al 6 de marzo, el 37,6% expresó estar “muy de acuerdo” con el juicio en el ámbito legislativo y el 33,3% estuvo “de acuerdo“ en llevar el proceso en esa instancia.
Ambos porcentajes suman 70,9% de encuestados proclives al juicio político.
Ultrareligiosa, el primer paso que dio Áñez durante su gestión para lo que después bautizó como “pacificación” fue reprimir con las fuerzas del Estado movilizaciones en Senkata, Sacaba, Betanzos y Yapacaní, lo que se saldó con más de una treintena de fallecidos, 26 de ellos por armas de fuego de uso militar, según el informe de la Asamblea Legislativa, en el cual se recomienda iniciar un juicio de responsabilidades a la exmandataria de facto y a su primer gabinete por una diversidad de delitos, entre ellos, genocidio.
Para allanar las acciones militares, Áñez firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto 4078, por el cual se eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las acciones de represión de protestas sociales.
Ante la persistente presión internacional contra la vigencia de la referida norma, la mandataria inconstitucional se vio obligada a derogarla.
Fuente: ABI