La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Bolivia (CIDH-Bolivia) expresó su reconocimiento al compromiso del gobierno socialista de Luis Arce de cumplir con las 36 recomendaciones planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe sobre los hechos de violencia de 2019 que entregó el pasado año.
“Tengo que reconocer este compromiso público que hizo el presidente (Luis Arce el año pasado) en el momento en el que fue presentado el informe del GIEI”, declaró a la estatal Bolivia Tv el relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, quien dijo que un paso en ese sentido fue la firma del convenio entre el Órgano Ejecutivo con la CIDH en el que se estable el plan de trabajo para la implementación, precisamente, de las recomendaciones del GIEI- Bolivia.
Esa es —remarcó Hernández— una expresión muy elocuente del jefe de Estado de comprometerse a dar cumplimento a las recomendaciones planteadas en el informe final para el Estado boliviano, la sociedad civil y la CIDH.
De acuerdo con el experto, hay tres ejes principales de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario que, en el marco del convenio, deberán trabajarse en los siguientes dos años para la implementación del mecanismo diseñado de manera especial para Bolivia.
El primero, explicó, está vinculado a la investigación de los hechos que se dieron desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.
“Ahí hay una recomendación del GIEI para que se avance en las investigaciones de estos hechos”, dijo.
El segundo eje tiene que ver con la reparación integral de las víctimas de los hechos de violencia.
“Porque no puede haber un proceso de memoria, verdad y justicia si no hay una reparación integral a las víctimas. Este es un proceso donde el Estado ha empezado a emprender acciones en las que la Comisión hará un acompañamiento y una asistencia técnica”, recordó.
En un tercer eje de recomendaciones, indicó que es importante avanzar en reformas estructurales de “fortalecimiento” del sistema de justicia para que hechos como en 2019 no ocurran nuevamente.
El GIEI calificó como masacres los sucesos de 2019, además denunció que en Bolivia ocurrieron ejecuciones sumarias y graves vulneraciones a los derechos humanos a manos de grupos represores del Estado a instrucción de la gestión de facto.
Al principio de la inconstitucional gestión de Jeanine Áñez se reprimió con las fuerzas del Estado movilizaciones en Senkata, Sacaba, Betanzos y Yapacaní, lo que se saldó con más de una treintena de fallecidos, 26 de ellos por armas de fuego de uso militar, según el informe de la Asamblea Legislativa, en el cual se recomienda iniciar un juicio de responsabilidades a la exmandataria y a su primer gabinete por una diversidad de delitos, entre ellos, genocidio.
Fuente: ABI