Santa Cruz ha vuelto a ocupar los principales titulares de la prensa boliviana, con el éxito de su nuevo paro cívico. Uno de los primeros elementos a destacar ha sido el hecho de que, a pesar de la crisis que se arrastra al menos desde finales de 2019, la ciudadanía ha respondido al llamado de los líderes de sus instituciones más importantes, quedándose en casa o saliendo de ella a protestar de manera pacífica.
También se destaca el hecho de que la huelga no ha sido liderada por un protagonista en concreto, y que, por tanto, no ha terminado constituyéndose en la cruzada de caudillo alguno, como han dicho un sinnúmero de adláteres del régimen de Luis Arce Catacora. Por el contrario ha sido llevado adelante por el conjunto de instituciones que conforman el Comité Interinstitucional convocado alrededor que la urgencia que representa la redistribución de recursos y escaños en el Legislativo nacional.
Pero al mismo tiempo, otra serie de hechos alrededor del paro cruceño han ocupado portadas y principales titulares. Sucede que, como ya es costumbre desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) se hizo del poder a finales de 2005, el régimen de Arce ha tratado de dividir el liderazgo cruceño -a la vez que al conjunto de la oposición- y ha tratado también de boicotear todas las iniciativas por llevar adelante el Censo de Población y Vivienda tan pronto como en 2023 y no tan tarde como el 2024 (porque, entre otros aspectos, coincidiría con la campaña electoral de 2025).
En un principio, en cuanto se empezaron a detectar retrasos y falta de información sobre el avance del proceso de levantamiento de datos que estaba programado para llevarse a cabo este próximo mes de noviembre, parecía simplemente no existir consenso entre las autoridades y distintas instituciones del departamento de Santa Cruz respecto de cuál sería el camino a seguir para lograr una asignación de recursos relativamente más eficiente en plena crisis.
Sin embargo, más tarde, una vez que el régimen de Arce decidió postergar este trabajo sin fecha definida, se escuchó una voz discordante como pocas veces había sucedido -al menos en la historia reciente- del departamento cuando se buscaba un objetivo conjunto: la de Johnny Fernández, alcalde de la capital cruceña.
Fernández decidió buscar su propio camino político criticando tanto las medidas del paro como a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento. Pero además lanzó duras críticas contra quienes lideraron las protestas pacíficas de finales de 2019 contra el fraude de Evo Morales, que causaron su posterior renuncia y huida, tratando de establecer un símil conspirativo y desestabilizador con el paro reciente de este de este 8 y 9 de agosto.
Pero esta nueva actitud de Johnny Fernández está caracterizada por un factor político agravante que el pueblo cruceño no está dispuesto a tolerar: cuando Morales huyó del país en 2019, Fernández no compartía la narrativa del golpe de Estado que el conjunto del masismo viene construyendo desde entonces.
Es más, cuando Luis Fernando Camacho se lanzó como candidato a la presidencia en 2020 luego de ser parte del liderazgo cívico cruceño de entonces, lo hizo con Unidad Cívica Solidaridad (UCS), las siglas del partido de Johnny Fernández. Pero este último ha terminado convirtiéndose en su crítico más fiero en cuestión de pocas semanas y, para colmo de males, lo ha hecho invocando la narrativa del régimen masista contra la ex presidente Jeanine Áñez.
Pero eso no es todo. Fernández no sólo decidió desacatar el paro cívico convocado por el conjunto de la institucionalidad cruceña, sino que además trató de boicotearlo junto al ministerio de Gobierno y el de Obras Públicas. El primero realizó decenas detenciones de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (miembro del Comité Pro Santa Cruz) e incluso de catedráticos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), que defendían las protestas durante el paro, pero no de simpatizante alguno de Arce y su Gobierno; mientras el segundo protagonizó el traslado de grupos de choque que agredieron viviendas con el objetivo de provocarlos, que salieran y se enfrentaran de manera violenta.
No obstante, uno de los mayores hechos que se le reprocha al alcalde cruceño al punto de que distintos legisladores nacionales, miembros del Comité Interinstitucional y líderes de opinión han empezado a exigir su renuncia o directamente proponen un referéndum para revocar su mandato, es el hecho de que se mostró como víctima de atentados y actos vandálicos contra su vivienda durante el paro cívico, y además responsabilizó al gobernador Camacho si acaso le sucedía algo a él o su familia.
Una de las mejores explicaciones que no sólo desmiente al alcalde respecto de haber recibido ataques, sino de además haber organizado en realidad un auto atentado, utilizando bienes públicos y personal de la alcaldía, ha sido el concejal cruceño Manuel ‘Mamen’ Saavedra, quien ha brindado una cantidad abundante de pruebas de que el vehículo utilizado en el supuesto atentado es un vehículo de la alcaldía.
Ahora mismo Fernández se encuentra envuelto en un escándalo político tan grande que podría traducirse no sólo en el fin de su carrera política -y quién sabe si incluso de su autoridad-, sino además en un fracaso más del régimen de Arce Catacora y el MAS por preservar el poder, dado que, a fin de cuentas, hoy son aliados.
Lo que ahora sigue al paro cívico reciente es una nueva asamblea del Comité Interinstitucional cruceño en las próximas horas y días para discutir los siguientes pasos a seguir, pues ya con el primer paro cívico de hace unas semanas se anunció que conseguirían su objetivo con medidas escalonadas, y si acaso la oposición estaba dividida, Arce Catacora, el MAS y Johnny Fernández han ofrecido elementos más que sobrados para que, al menos por el momento, así no sea.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 12 de agosto de 2022.
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