La Paz, 20 de septiembre de 2022 (ABI). – El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta, denunció este martes que la decisión de la fracción de la Asociación Departamental de Productos de Coca (Adepcoca), dirigida por Freddy Machicado, de apoyar la exigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para que el Censo se realice en 2023 pone en evidencia la “instrumentalización” de la encuesta nacional por estos actores políticos que buscan “enturbiar” el proceso.
Al calor de la marcha que el sector de Machicado protagonizó el lunes en La Paz, en contra del otro bando de Adepcoca, liderado por Arnold Alanes, dirigentes señalaron que este sector se suma al pedido del Comité cruceño que exige la realización de la encuesta nacional para el 2023, incluso abrieron la posibilidad de participar del cabildo que se realizará el 30 de septiembre.
“El tema Censo es muy importante para los bolivianos”, indicó Gabriel Amato, secretario de actas de Adepcoca de Machicado, y añadió que como sector de Los Yungas piden el Censo para el 2023 y no descartó participar del Cabildo convocado el 30 de septiembre en Santa Cruz.
“El día lunes vamos a hacer una evaluación y si es posible una comisión de Adepcoca va a ir” al cabildo, señaló Amato a Unitel.
Para Puerta, la decisión de este sector de Adepcoca constituye un acto de “confirmación de la politización” y de la “instrumentalización del Censo para fines políticos”.
Desde su perspectiva, este sector que se opone a que opere otro mercado en Villa El Carmen, de los grupos que no son seguidores de Machicado, intenta “mezclar sus demandas” con las que formulará el Comité cruceño, en el cabildo del 30 de septiembre, a pesar de que esta instancia “no tiene la autoridad ni la legitimidad para expresarse por temas que están fuera de Santa Cruz”.
Por ello, denunció que “hay una vinculación de orden político que no hace más que confirmar la hipótesis y la preocupación que teníamos en la FAM-Bolivia de que se estaba articulando un proceso de politización que busca perjudicar al proceso censal”.
En declaraciones a La Razón Radios, advirtió, además, que “pareciera que no es afán”, del Comité de Santa Cruz y de Adepcoca dirigido por Machicado, de “llevar a cabo de la mejor manera” el Censo “sino de enturbiar el proceso”.
Elegido en noviembre de 2021, Machicado sucedió en la presidencia de ese grupo de Adepcoca a Armin Lluta, quien reemplazó a Franclin Gutiérrez, quien fue muy cercano a Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz.
De hecho, Gutiérrez recibió a Camacho en noviembre de 2019, en un cabildo en el mercado de Adepcoca, en Villa Fátima, días antes de que el padre del actual gobernador “cerrara” con los militares para que no salgan a las calles y que el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, sugiriera al presidente Evo Morales que renuncie.
Luego de la ruptura del orden constitucional, materializada por la asunción de facto a la presidencia de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, ante una Asamblea sin quórum, la dirigencia de Gutiérrez fue reconocida por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, además, procesó al otro sector dirigido por Elena Flores.
Al igual que sucedió en ese tiempo con la fracción de Gutiérrez, la movilización de los dirigidos por Machicado cuenta con el respaldo de los sectores opositores. Incluso el exabogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda, los asesora en el campo legal.
“Hemos visto la marcha que han protagonizado hace semanas atrás (los cocaleros). Diputados de Comunidad Ciudadana, Creemos y otros actores políticos, estaban involucrados en estos hechos, por tanto, ellos están detrás de estas movilizaciones, de estas marchas”, acusó el diputado del MAS-IPSP Juanito Angulo.
El 4 de septiembre, cocaleros emprendieron desde Yolosita, Yungas, una marcha encabezada por Machicado rumbo a la Sede de Gobierno, en demanda del cierre del mercado de Villa El Carmen. La presencia de parlamentarios de oposición, el Conade y el Colegio Médico politizó la medida.
Cuatro días después, el 8 de septiembre, los marchistas tomaron de forma violenta e incendiaron las instalaciones del mercado administrado por Alanes, quien luego denunció agresiones a mujeres, niños y el robo de taques de coca.
Producto de esta situación, Machicado fue encerrado con detención preventiva en el penal de San Pedro, La Paz, donde debe cumplir seis meses de privación de libertad, mientras se desarrolle la investigación por los delitos de tráfico ilícito de armas, organización criminal e instigación pública a delinquir, que pesan sobre el dirigente.
“El Ministerio Público actúa de oficio cuando se vulneran los derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física y a la vida. Hemos visto muchos hechos de violencia que se difundieron por las redes sociales y medios de comunicación, que han atentado contra uno de los sectores”, señaló el parlamentario.
Jfcch/Mac
Fuente: ABI