Caso carro bombero: Policía aprehende al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz.

Caso carro bombero: Policía aprehende al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña

La Paz, 23 de septiembre de 2022 (ABI). – La Policía Boliviana aprehendió este viernes al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandro J. S. P., en el marco de las investigaciones por la presunta compra irregular de un carro bombero para ese departamento.

La investigación gira en torno a las operaciones de la empresa RM Representaciones, que fue contratada en octubre de 2021 por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para la provisión del motorizado.



En este caso, Camacho es investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y uso indebido de influencias.

Luego de la aprehensión, en una rueda de prensa, el gobernador Camacho en vez de coadyuvar con las investigaciones denunció persecución política por parte del Ministerio de Gobierno y alegó que la Fiscalía tiene la información completa de la adquisición del carro bombero que da cuenta de “que todo se hizo de forma legal y siguiendo todos los procedimientos”.

El tema salió a la luz tras un incendio en el mercado Mutualista, el pasado 31 de julio; los comerciantes reclamaron al gobernador por la falta de condiciones para evitar ese tipo de incidentes y Camacho aseguró que la Gobernación solo cuenta con cisternas y no con carros bombero.

Asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 se aprobó un presupuesto de Bs 1,7 millones para la compra de un carro bombero. En tanto, el diputado Rolando Cuellar, quien es denunciante del caso, reveló que el 28 de enero de este año la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio; sin embargo, no se llegó a concretar.

El legislador cuestionó la legalidad de la empresa contratada y advirtió que podría tratarse de una compañía “fantasma” porque no estaría autorizada para la venta de vehículos, sino para la comercialización de muebles, llantas y café. Además, que incumplió requisitos y no se encontraron sus oficinas.

cv/fb


Fuente: ABI