El Alto, 23 de septiembre de 2022 (ABI). – El juzgado séptimo de la urbe alteña envió a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva por seis meses, al presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, quien representa a una fracción de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), por los hechos violentos del 8 de septiembre.
El dirigente fue aprehendido el pasado jueves en la zona de Villa Fátima, en el marco de las investigaciones por los delitos que se cometieron el 8 de septiembre en la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen.
La Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de alrededor de 15 delitos, entre los que figuran: incendio, lesiones graves y leves, tenencia, porte o portación ilícita, privación de libertad, impedir el ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio, lesiones gravísimas, robo agravado, destrucción de bienes del Estado, secuestro, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico de armas, organización criminal y otros.
La audiencia de medidas cautelares de Apaza se realizó en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en El Alto. Ahora el dirigente cocalero de Yungas estará recluido mientras duren las investigaciones.
Apaza es el segundo dirigente cocalero detenido preventivamente por la quema del mercado de Villa El Carmen.
Los hechos
Aquel 8 de septiembre, una masiva movilización llegó a La Paz y tomó con violencia el edificio de cinco pisos administrados por la facción cocalera de Arnold Alanes.
Miles de productores dirigidos por Machicado y Apaza saquearon taques de coca que estaban en el mercado de Villa El Carmen para luego incendiarlos, pese a que en el lugar estaban menores de edad. Este grupo violento golpeó y atemorizó a las personas contrarias a su sector.
La unidad de Bomberos rescató de las llamas a niñas y mujeres, que a su salida también fueron agredidas.
Según las víctimas de la toma violenta, los seguidores de Machicado, Apaza y otros cometieron “graves vulneraciones” en contra de los derechos de mujeres, niños e incluso personas de la tercera edad.
Los afectados exigen justicia por la violencia con la cual los dirigentes y sus seguidores cometieron en contra de los productores yungueños de base.
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Fuente: ABI