La Paz, 06 de octubre de 2022 (ABI). – Los hermanos Santiesteban Stroebel —Miguel Eduardo y Alejandro Gelafio, hijos de un general en retiro— están vinculados con los sucesos violentos de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, y el caso Terrorismo.
Miguel Eduardo, un teniente coronel del Ejército, fue aprendido el miércoles y se prevé que la Fiscalía lo impute por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves por la represión violenta de ciudadanos civiles desarmados en el barrio de Senkata que provocó la muerte de 11 personas por armas de fuego.
Alejandro Gelafio, en tanto, fue vinculado con el caso Rózsa, hace 13 años atrás. Pero fue hasta el 2016 que se auto inculpó por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad, se acogió a un procedimiento de juicio abreviado, y recibió una sentencia de seis años de prisión.
Alejandro Santiesteban fue vinculado con el caso denominado Terrorismo, en el que un operativo policial “desarticuló una célula terrorista que pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia”.
La madrugada del 16 de abril de 2009, agentes de inteligencia de la Policía ingresaron al Hotel Las Américas en Santa Cruz. Efectivos de élite del verde olivo se trasladaron tras recibir reportes de que cinco extranjeros portaban armas.
Según la Fiscalía, ese grupo irregular estaba encabezado por Eduardo Rózsa Flores y otros ciudadanos de nacionalidad croata y húngara.
La Policía aseveró que cuando intervinieron el lugar fueron recibidos con disparos, iniciando así un tiroteo que duró casi 30 minutos.
Alejandro Santiesteban —abogado de profesión— figuraba en los mensajes de chat encontrados en la computadora de Rósza, según el informe de Ministerio Público (2016). En esos mensajes ofrecía entrenamiento bélico y militar a la célula terrorista.
Ahora, la familia Santiesteban Stroebel enfrentará otro proceso en defensa del militar Miguel Eduardo implicado en la masacre de Senkata.
Aquel miércoles, 19 de noviembre por la tarde, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ordenó a militares y policías intervenir el sector de Senkata bajo el argumento que la gente movilizada quería explotar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero se demostró que esa teoría era falsa.
El teniente coronel Miguel Eduardo Santiesteban, quien estaba en ese año en el Regimiento de Satinadores 1 teniente General Germán Bush, será investigado por los hechos violentos de noviembre de 2019.
Aquel fatídico día, las tropas de División Mecanizada 1, RCM-1 “Ingavi” y RAAM- “Mcal Bilbao” fueron las encargadas de organizar el convoy de salida de camiones de gasolina, diésel y uno que otro camión con gas licuado de petróleo (GLP).
“El operativo también movilizó tropas de elite o fuerzas especiales de la Patrulla de Satinadores RSI teniente General Germán Bush, las cuales fueron trasportadas por vía aérea de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de El Alto”, señala el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
Según el informe final de los expertos, se pudo constatar que “a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores”.
Las autopsias develaron que las lesiones de las víctimas “fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm o de 22 (5,56 mm). El armamento utilizado por las Fuerzas Armadas en esas fechas es compatible con esos calibres, pues, según la información recibida de las Fuerzas Armadas por el GIEI, parte de la tropa portaba pistolas de uso personal con munición de 9 mm y también fusiles Galil, los cuales utilizan proyectiles de 22 (5,56 mm) de alta velocidad”.
El GIEI concluyó en su informe que en Senkata se produjo una masacre: “El grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. (…) Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica el documento.
Por estos hechos, ahora también es investigado el teniente coronel Miguel Eduardo Santiesteban, quien está en La Paz y se acogió al derecho de guardar silencio cuando fue interrogado por la Fiscalía. Los militares procesados por este hecho suman al menos nueve.
Curiosamente su abogado defensor, Jorge Valda, es también parte de la defensa de Jeanine Áñez, la exsenadora que durante su régimen aprobó el Decreto Supremo 4078, esta norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas en los operativos “a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”.
Esto permitió a las FFAA, en apoyo a la Policía Boliviana, reprimir protestas que cuestionaban al gobierno de facto.
GMM/Mac
Fuente: ABI