Compleja migración al sistema público
Los mineros de Huanuni le doblaron el brazo al gobierno en su modalidad de inclusión en el Sistema Integral de Pensiones manejado por la Gestora Pública, al menos temporalmente. Su migración ha quedado en suspenso hasta que se complete una “socialización”, que implica darles una información detallada sobre cómo se administrarán sus aportes.
Este trato preferencial despertó demandas similares entre los fabriles, médicos, jubilados y trabajadores universitarios, que cuestionan a la COB por no haber negociado un acuerdo de ese tipo para todos los sectores.
Desde el gobierno, se dice que habrán cinco candados que asegurarían el buen manejo de los aportes previsionales: 1) que el único destino de los recursos sería la inversión para generar rendimientos, 2) fiscalización permanente por la APS, 3) control social, apertura y transparencia con rendiciones públicas de cuentas, 4) mecanismos de control para el beneficiario y 5) auditoría externa y auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes.
Empresas públicas endeudadas
El Informe de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia reveló que cuatro empresas estatales deficitarias tienen una deuda de 596 millones de bolivianos con el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro).
Se trata de Quipus, Enatex, Emapa y la Empresa Siderúrgica del Mutún. Varios expertos advierten que en algunos casos, como el de la textilera que cerró operaciones en el 2016, las compañías públicas no podrían honrar sus compromisos de pago.
En total, el Finpro le ha prestado 6.242 millones de bolivianos a 15 empresas estatales.
Cifras para el aguinaldo
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) debía dar a conocer el pasado viernes las cifras sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre del año, claves para establecer si habrá o no un segundo aguinaldo. Sin embargo, siguiendo su tradición de retraso en la divulgación de números oficiales, la entidad postergó la publicación de datos para el 31 de octubre.
Una lectura política de la medida señala que se ha decidido hacerlo luego de iniciado el paro departamental de Santa Cruz, que fungiría de chivo expiatorio para explicar por qué no se pudo alcanzar el crecimiento necesario. Esto sería un artilugio retórico, en cuanto el cálculo interanual para el segundo aguinaldo va de julio a julio. Desde el Ministerio de Trabajo y la Central Obrera Boliviana ya se han emitido señales preparatorias de este discurso.
Acuíferos en peligro
Un trazado diseñado desde el gobierno central para la carretera Buena Vista-Porongo abrió una amplia controversia, ya que la vía atravesaría la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) “Güendá-Urubó”, área que protege al 60% de los recursos acuíferos subterráneos que abastecen a la Región Metropolitana de Santa Cruz, fundamental para dar seguridad hídrica a una población de millones de bolivianos.
La pérdida de bosques, con las subsiguientes distorsiones al ciclo hidrológico, representaría una amenaza para los habitantes de seis municipios, reduciendo también la capacidad de recepción de nuevas migraciones hacia la zona.
La UCPN está blindada por la Ley Departamental 208, que bases cercanas al partido de gobierno pretenden derogar. Desde la Gobernación cruceña se proponen varias alternativas de trazado carretero, por fuera del área crucial para los acuíferos y que beneficiarían a un número mayor de personas (11.000 contra 6.000 del diseño actual).
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo