La Paz, 31 de octubre de 2022 (ABI). – Luis Fernando Camacho es “el proyecto de poder de las logias”, sentenció el expresidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz Rolando Schrupp.
Y es que, de acuerdo con Schrupp, “el proyecto político de Camacho no es un proyecto de sociedad, es un proyecto de poder personal, de la construcción de un príncipe”.
Como evidencia, recordó que, en las movilizaciones de 2019, que derribaron en la ruptura del orden constitucional, se decía que Camacho, por entonces presidente del Comité cruceño, “era Santa Cruz”, por tanto, toda agresión o ataque a él era también al departamento.
La politóloga Susana Bejarano coincide, en cierta medida, con Schrupp. Ella ve en Camacho a esa “Santa Cruz hegemónica” que ha “gobernado durante todo el tiempo a Santa Cruz” y que tras él “está el Comité Pro Santa Cruz”, la “élite política y económica” de la región.
Y es a este núcleo tradicional que la “Santa Cruz emergente” se puso al frente en medio de esta disputa que se llegó por la fecha del Censo de Población y Vivienda, que, a decir de Bejarano, dejó de “ser el tema central” de la movilización.
En su criterio, el Comité Interinstitucional, que arropa a Camacho y al cívico Rómulo Calvo, logró que el Censo se adelante de junio a abril de 2024, y que con los resultados preliminares se aplique una nueva redistribución de recursos en octubre de ese año.
“Si honestamente tenían como interés el tema de los recursos ya está resuelto con la propuesta del Gobierno”, enfatizó la analista a Bolivia TV.
Sin embargo, el paro iniciado el 22 de octubre por mandato del Comité Interinstitucional no da tregua por determinación directa del gobernador, quien incluso advirtió que quien ceda en la demanda de que el Censo se realice en 2023 tendrá “muerte civil”.
Mientras tanto, transportistas, gremiales y pequeños productores, que son los más afectados por el paro, instalaron varios puntos de bloqueo, luego de saber que el Parque Industrial, que reúne a varias firmas de los grandes empresarios cruceños, seguía operando.
A la par, sectores sociales iniciaron el sábado una macha que apunta a llegar a la capital cruceña en demanda de que Camacho dimita por su negativa a solucionar el conflicto que se abrió por su ausencia en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, del 12 de julio, donde se acordó reprogramar el Censo para el 2024.
Pero, además, Camacho no asistió el 28 de octubre al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que reunió a más de 300 autoridades de todo el país, y que propuso conformar una mesa técnica, con organismos internacionales, para establecer la fecha definitiva de la encuesta nacional.
Al evaluar este escenario, Bejarano es concluyente y asegura que “en Santa Cruz lo que está sucediendo es la disputa entre una Santa Cruz hegemónica y una Santa Cruz emergente que no está dispuesta a subsumirse a la agenda política que tiene el Comité Cívico cruceño”.
Señaló que no solo se trata del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que por su retirada del Comité y no apoyar las medidas de presión, fue definido como “traidor”, sino también la población de las provincias que hasta hace un tiempo “mantenían un silencio absoluto a todos los mandatos del Comité Cívico”, pero que ahora “levantaron la voz”.
Se trata, en síntesis, según Bejarano, de una “disputa de poder entre esa vieja oligarquía cruceña, que está acostumbrada a mandar a callar, a dar muerte civil a la gente” que no piensa igual que ella, con la “Santa Cruz emergente que es diferente, que piensa distinto, y que no solo está inscrito en el mundo popular, sino que hay empresas que no están de acuerdo con el pensamiento hegemónico conservador”.
Y ante la respuesta de esta Santa Cruz emergente que exige que la regla sea igual para todos y que el paro lo acaten también las grandes empresas, esa elite opta por generar enfrentamientos como se registró el 22 de octubre con el deceso de Julio Pablo Taborga en Puerto Quijarro, que fue apaleado hasta morir por afines a Camacho.
Ese comportamiento prosiguió con las constantes agresiones a pobladores del Plan 3000, las emboscadas a la marcha de las organizaciones sociales que se dirigen a Santa Cruz de la Sierra y los ataques a la Refinaría de Palmasola.
A esos hechos se suma la agresión que sufrieron los habitantes del pueblo indígena Ayoreo, el 28 de octubre, por parte el subgobernador de Ñuflo de Chávez Daniel Velásquez y cívicos de Concepción, quienes incluso destruyeron cuatro viviendas de esa población y los amenazaron con desalojarlos de la zona.
La movilización va en escalada y Bejarano alerta que se “está poniendo en riesgo el tejido social” de Santa Cruz donde ya no existe una “completa hegemonía de un grupo de poder” porque la “Santa Cruz emergente ha dicho basta”.
Jfcch/Mac
Fuente: ABI