#OpinandoEnElBunker
EL RETORNO DE LA INFAMIA Y LA MUERTE CIVIL
Por: A. Germán Gutiérrez Gantier
La creación y consolidación de los estados contemporáneos, implica la dotación de un andamiaje jurídico y de instituciones que realicen los fines propuestos.
Con la reconquista de la democracia en la década de los 80, la esperanza de mejores días para los pueblos se apropió del ánimo ciudadano que ahora está preñado de incertidumbre.
A partir de la imposición del socialismo del siglo XXI, la democracia ha sido envilecida, con la utilización el voto para otorgarles “legalidad” a los gobiernos autoritarios. La norma escrita es apenas una referencia que puede ser modificada, alterada o subvertida por el poder político, a la vez que las instituciones son degradadas a niveles nunca vistos.
Reviven sanciones desterradas, como es el caso de la infamia y la muerte civil.
La Constitución de 1826, abolía la denominada infamia trascendental, entendida como una pena destinada a deshonrar a la persona y otras que no intervinieron en la comisión de un delito.
La reforma constitucional de 1938 incorporó la prohibición de la infamia y la muerte civil. La constitución actual en su artículo 118-I prescribe “Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento.”
La infamia en la antigua Roma era la degradación del honor civil, que era la pérdida de reputación ante la sociedad y la ley, cayendo el ciudadano en descrédito.
La muerte civil según Guillermo Cabanellas es “la antigua situación jurídica de la persona con vida, a la que, por efecto de la pena, se le privaba de toda clase de derechos civiles y políticos…” por lo que los sancionados eran considerados “cadáveres vivientes.”
Ambas penas al ser vulneradoras de los derechos civiles y políticos, han sido proscritas de los ordenamientos jurídicos.
Jueces y fiscales están categóricamente prohibidos de aplicarlas o utilizarlas como mecanismo de presión y extorsión, desgraciadamente, se ha tornado común en instancias políticas y judiciales recurrir a ellas.
Uno de los muchos ejemplos en Bolivia, bochornosamente emblemático, fue el caso del servidor público Marco Aramayo, desprestigiado y sometido a 256 procesos en su contra y atormentado con su traslado a diferentes centros penitenciarios del país, por ordenes de jueces y fiscales actualmente impunes.
Otra constancia, son los procesos seguidos contra la expresidente Jeanine Añez, a la que se le niega defenderse en libertad y someterse a un juicio de responsabilidades. Al efecto existen varios precedentes en Bolivia.
En 1967 el joven diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició un juicio de responsabilidades en contra de René Barrientos Ortuño, lo que le costo su desafuero y apresamiento.
A finales de la década de los 70, al recuperarse la precaria democracia, el líder socialista Quiroga Santa Cruz, inició otro juicio de responsabilidades, en contra del exdictador Hugo Banzer Suárez, razón por la que fue asesinado el 17 de julio de 1980.
Restituida la democracia en 1982, la dictadura narco delincuencial de García Meza y Arce Gómez, fue sometida a un juicio de responsabilidades. Las bancadas del PS-1 y el MIR, presentaron en el parlamento, proposición acusatoria lo que posibilitó la apertura del procedimiento político que fue sustanciado en la Corte Suprema de Justicia y concluyó con la imposición de la pena de 30 años de cárcel sin indulto a los culpables
Pese a su condición de dictadores que cometieron graves delitos, se estableció una relación de causalidad, desde el momento de la conspiración (cuando no ejercían funciones como mandatarios), pasando por la ejecución del golpe de estado, hasta llegar al nefasto manejo del poder, por lo que fueron sometidos a juicio político y no a uno ordinario.
Para los autoritarios, esto es intrascendente no les gusta ni les es útil la institucionalidad democrática. Su perversidad esta embebida en destrozar al contendiente político con la deshonra, con acusaciones aventuradas e indignas, con persecuciones infames a través de procesos judiciales ilegales e inconstitucionales, que no buscan la sanción final sino el escarmiento y arrepentimiento de pensar diferente.
A todos los perseguidos políticos se les niega el ejercicio de todo derecho civil y político, se los quiere convertir en cadáveres vivientes, arrinconados, asustados, solitarios. Se les niega la libertad con sinrazones, el derecho a la defensa es una idea exótica en los tribunales, la presunción de inocencia es un sueño inalcanzable, la predictibilidad de la aplicación de la norma es oligarca.
En cambio, en las filas del oficialismo la comisión de delitos son actos de heroísmo o viveza criolla, que merecen la adulación y muchas veces el premio con un cargo público.
Cual adolescentes de la generación de cristal son intocables, lo pueden todo, se victimizan ante cualquier critica razonable mientras planean y ejecutan sus vejaciones. Han parido la idea de que tienen el exclusivo derecho inhumano a ofender, perseguir, odiar, maltratar, robar, violar, bajo la protección del poder político.
De este modo la infamia y la muerte civil vuelven a la palestra, trasladándonos a tiempos pasados. La revolución democrática y cultural ha develado su carácter oscuro y reaccionario.
Sucre, 7 de diciembre de 2022
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Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker