Secuestro de Camacho
La detención violenta y arbitraria del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificada como “secuestro” por numerosos actores políticos y sociales, marcó la semana que acaba de terminar, reavivando la conflictividad y poniendo a Bolivia bajo un foco negativo a nivel internacional.
Varios juristas cuestionaron la legalidad del operativo, realizado mientras estaba vigente una resolución del TDJ paceño para no llevar a cabo aprehensiones hasta el 30 de diciembre.
Políticamente, es sintomático que este plan se ejecutara dos semanas después de la visita del presidente Luis Arce a La Habana, cuando se reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Esto permite presuponer que el guión autoritario vino desde la dictadura más antigua del continente, como condición para reconocer a Arce como nuevo conductor del “proceso de cambio”.
Con esta medida, Bolivia podría pasar de ser definida como un “régimen híbrido” (The Economist) a ser considerada como la cuarta dictadura de las Américas, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Relación con la interna del MAS
Una de las interpretaciones predominantes sobre esta aceleración dictatorial del gobierno de Arce está relacionada con la interna oficialista: el mandatario se mostraría ante las bases de su partido como “más fuerte” que Evo Morales, quien tuvo que huir del país en 2019 ante un movimiento que tuvo a Camacho como una de las figuras principales.
Esto ha llevado a que Morales diga que “desconfía” de esta detención y que podría ser “una distracción”, preocupado como está por el uso que se haga del contenido de sus celulares extraviados, que eventualmente podría ligarlo con el narcotráfico.
Resistencia ciudadana
El secuestro de Camacho activó una fuerte resistencia ciudadana en el departamento de Santa Cruz, tanto entre sus partidarios como en otras franjas de la oposición. El ex gobernador Rubén Costas visitó al presidente cívico, Romulo Calvo, y pidió “unidad por encima de las diferencias”.
Una Asamblea de la Cruceñidad dispuso un paro de 24 horas, cumplido el pasado viernes, así como un bloqueo indefinido de carreteras, que ya empieza a hacer sentir sus efectos en los mercados de occidente del país (ver La Semana Económica).
En el marco de movilizaciones populares masivas, se han registrado una intensa represión policial y actos de vandalismo, como el que redujo a cenizas a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Reacciones internacionales
El giro autoritario desató múltiples reacciones externas: el grupo Idea, que reúne a 25 ex mandatarios de Iberoamérica, condenó el encarcelamiento del gobernador cruceño. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió “moderación a todos los actores” y “respeto al debido proceso”. Otras organizaciones, como Human Rights Foundation y el Foro Madrid, exigieron la “inmediata liberación” de Camacho.
Por su parte, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH también se expidió, para cuestionar las agresiones policiales contra periodistas en el contexto de los conflictos cruceños.
Los europarlamentarios Leopoldo López (PP) y Hermann Tertsch (Vox) adelantaron que gestionarán sanciones contra las autoridades bolivianas que impulsan persecuciones políticas, una vez que el Parlamento Europeo retome sus sesiones el 9 de enero.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo