El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado asaltó un vehículo de Prosegur y mató a dos policías y un civil para llevarse 385 mil dólares. Las investigaciones determinaron que el clan estaba liderado por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre los que se encontraban un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. La justicia dictó sentencia en 2003 y el exuniformado recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, un operativo con policías fuertemente armados allanaron de manera violenta varios inmuebles, algunos sin orden judicial, para supuestamente arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco.
La Corte IDH encontró culpable al Estado boliviano por la violencia policial durante los allanamientos y detenciones, por presentarlos ante los medios como delincuentes sin antes comparecer ante la justicia, por actos de tortura sexual, por incomunicación prolongada de los detenidos, por las malas condiciones de detención, por someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes y por actos de tortura.
Bolivia tendrá que pagar 786.000 dólares en indemnizaciones para 26 afectados, además de cumplir con otros compromisos como adoptar las medidas necesarias para que se revise la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003.
La sentencia deberá ser cumplida en un plazo de un año.
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Fuente: DTV