La crisis económica que actualmente atraviesa Bolivia desde principios de este año, se ha vuelto cada vez más severa. Entre los principales problemas se encuentra la incapacidad de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ha degenerado en una persistente escasez de combustibles, y también una acentuada escasez de dólares que no permite encarar el desabastecimiento, fundamentalmente de diésel.
Además, el país enfrenta un período de 120 días sin datos sobre el estado de las reservas internacionales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), con las que tendría que respaldar la base monetaria de la que es responsable y asistir al sistema en casos de emergencia.
Estos factores, sumados a la mala gestión económica de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, han llevado a una situación crítica en las finanzas públicas, que han terminado contagiando al sistema bancario y financiero, y provocando incluso un corralito de depósitos en dólares. Pero, por sobre todas las cosas, agrava el clima de incertidumbre respecto del rumbo que ha tomado la crisis.
La crisis económica ha tenido un fuerte impacto en el sistema bancario y financiero boliviano, que arrastra problemas de iliquidez e incluso de insolvencia. Como resultado, el Banco Fassil, el cuarto banco más grande del país, fue intervenido hace algo más de un mes por el régimen de Arce a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La cartera en moneda nacional del banco ha sido repartida entre otros nueve bancos nacionales, mientras que la responsabilidad de la cartera en dólares está siendo asumida por el Banco Unión, cuyo accionista mayoritario es el Estado, y que está siendo devuelta a los depositantes en moneda nacional, lo que representa una desdolarización forzosa, que eventual e inevitablemente se traduce en un incremento de la inflación medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC).
Recientemente, se ha producido un suceso sorprendente que ha generado numerosas conjeturas. Se trata del fallecimiento de Carlos Alberto Colodro, el interventor del Banco Fassil, quien se encontraba elaborando un informe desde el 26 de abril, fecha en la que asumió oficialmente su cargo.
Se barajan dos hipótesis principales: el suicidio, respaldado por una presunta carta póstuma manuscrita de Colodro (sus familiares aseguran que ni la letra ni la manera de expresarse es suya) revelada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el asesinato precedido por tortura, ya que el cuerpo del interventor presentaba graves lesiones que apuntan en esa dirección.
El incidente tuvo lugar el sábado 27 de mayo, cuando Colodro cayó desde el piso 15 de la Torre Ambassador, de la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraban las oficinas principales del Banco Fassil.
El fallecimiento de Carlos Alberto Colodro plantea interrogantes sobre lo que podría haber descubierto como interventor del Banco Fassil y quién podría haber estado interesado en evitar que esa información salga a la luz. ¿Qué secretos podrían haberse revelado en el ámbito empresarial privado, especialmente en la región de Santa Cruz, o incluso en el ámbito gubernamental, que no está exento de sospechas?
Es importante recordar que el propio Evo Morales ha acusado al régimen de Arce Catacora de encubrir hechos de narcotráfico y ha afirmado recientemente que en 2019 el propio Arce, cuando era su ministro, le ocultó información sobre irregularidades detectadas en el Fassil y que además podrían querer involucrarlo con el caso. Además, para nadie resulta una novedad el hecho de que Bolivia sufre la penetración de cárteles internacionales de narcotráfico, avasalladores y traficantes de tierras, así como contrabandistas y otros grupos delictivos. Estos problemas han generado una presión significativa sobre la imagen y las garantías institucionales que Bolivia ofrece tanto a nivel económico y financiero como en la esfera legal internacional.
En primer lugar, la crisis económica y financiera dificulta viene derivada, entre otros aspectos, del exceso de gasto público, pero también por la falta de financiamiento de corto plazo no solo por medio de nuevas emisiones de bonos soberanos en los mercados internacionales, sino también de la obtención de créditos de emergencia por parte de organismos multilaterales que impidan el desmoronamiento del sistema bancario y financiero, dada la propia incapacidad del BCB para ejercer su rol como Prestamista de Última Instancia (PUI).
Peor aún, la creciente debilidad institucional que el caso Fassil y el caso Colodro hacen que sea todavía más complicado para el país acceder a financiamiento externo, que podría ayudar a superar la crisis y estabilizar la economía respondiendo primero a los trabajadores, los accionistas y depositantes del banco en cuestión, pues ya no solo serían las instituciones financieras internacionales las que podrían mostrarse reticentes para viabilizar la asistencia pertinente para un país con serios problemas de liquidez y una gestión económica cuestionable, sino además aquellas que trabajan para fortalecer la paz y seguridad, y para consolidar la democracia y promover los Derechos Humanos en la región y el mundo.
La violación sistemática de los Derechos Humanos en Bolivia también socava su credibilidad y su posición en la esfera legal internacional. Informes y testimonios documentan abusos frecuentes y sistemáticos contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la represión de manifestaciones pacíficas, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la persecución política, como en el caso del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
No es pues casualidad que el régimen de Arce magnifique tanto el caso Fassil como ahora el de Colodro, para estigmatizar a Santa Cruz, su modelo económico y su liderazgo empresarial creando chivos expiatorios a quienes endilgarles todos los problemas que es incapaz de manejar si no es por medio del uso de la violencia, y, desde luego, con miras a las elecciones judiciales de este año y más todavía a las generales de 2025.
La combinación de una crisis económica grave, problemas financieros en el sistema bancario y violaciones de los Derechos Humanos crea un escenario complejo y desafiante para Bolivia. La falta de transparencia en las reservas internacionales y los cuestionamientos sobre la gestión de las finanzas públicas generan incertidumbre y desconfianza tanto dentro como fuera del país.
Es fundamental que las autoridades bolivianas tomen medidas para abordar estos problemas, pero es claro que esto es demasiado pedir. Ello implicaría, por un lado, implementar políticas económicas sólidas, promover la transparencia en la gestión de la crisis del conjunto de las instituciones financieras y, por otro lado, en las instituciones gubernamentales, para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y fomentar la cooperación internacional. Solo a través de una gestión responsable y comprometida se podría superar la crisis actual y restaurar la confianza en Bolivia como actor económico y miembro de la comunidad internacional, pero, nuevamente, es demasiado pedir al régimen de Arce.
En definitiva, Bolivia enfrenta una crisis económica y financiera que se hace más profunda con el paso de los días, marcada primero por la incapacidad de producción de YPFB, la escasez de combustibles y dólares, y problemas en el Banco Central y el sistema bancario y financiero sobre los que no existe atisbo de transparencia. Además, el reciente fallecimiento de Colodro, el interventor del Banco Fassil, plantea un sinnúmero de serias interrogantes sobre posibles irregularidades ocultas con un alcance inimaginable, al menos por el momento.
Estos desafíos, sumados a la corrupción campante y la violación sistemática de los Derechos Humanos, generan presión sobre la imagen y las garantías institucionales de Bolivia en todo ámbito.
La crisis apenas empieza.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 1 de junio de 2023.
