Desde 1985, Bolivia atraviesa una crisis del empleo expresada fundamentalmente en un fuerte deterioro de la calidad del mismo, es decir, una alta precariedad y flexibilización laboral, sostiene el investigador Bruno Rojas,
Si bien el salario mínimo nacional ha crecido de 190 bolivianos, en 1994, a 2.362 bolivianos, este 2023; se ha agudizado y profundizado la precarización del empleo. El año 2001, el 22 por ciento de la población ocupada tenía los peores empleos, es decir, mal pagados, inestables y sin seguridad social. En 2019, esta cifra subió al 62 por ciento; es decir, seis de cada 10 personas asalariadas contaban con empleos muy precarios. Esta tendencia se ha mantenido.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario mínimo nacional se ha incrementado paulatinamente en los últimos 30 años desde el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) hasta la actual administración de Luis Arce con un crecimiento de 1.243 por ciento.
El investigador Bruno Rojas, que trabajó por más de 24 años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), sostiene que, si bien ha habido un incremento de diferentes porcentajes a lo largo de los últimos 30 años, el salario ha desmejorado en cuanto a su capacidad de compra.
El cálculo del incremento ha estado basado en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conocido también como inflación; así como otros tipos de criterios más políticos producto de las alianzas que el Gobierno ha establecido con algunos sectores laborales, indica.
Señala que desde la puesta en vigencia del Decreto Supremo 21060 rige la contención salarial, ya que los incrementos salariales se han fijado bajo criterios arbitrarios; mientras el costo de la canasta familiar, productos y servicios que requiere el trabajador ha tenido un alza importante. “Si se hace un análisis del salario real, habrá que preguntarse: ¿para qué alcanza el salario que se cobra?”, apunta.
Precariedad
Rojas afirma que, desde 1985, Bolivia atraviesa una crisis del empleo expresada fundamentalmente en un fuerte deterioro de la calidad del mismo, es decir, una alta precariedad y flexibilización laboral.
Esta situación, comenta, se ha agudizado con en el último tiempo; por ejemplo, el año 2001, el 22 por ciento de la población ocupada tenía los peores empleos, es decir, mal pagados, inestables y sin seguridad social. En 2019, ese porcentaje se elevó a 62 por ciento, lo que significa que seis de cada 10 personas asalariadas contaban con empleos muy precarios.
Otro elemento importante es el hecho de que en estos últimos 20 años ha ido incrementándose de manera alarmante el llamado sector informal urbano (trabajadores por cuenta propia, emprendimientos y otras actividades económicas de tipo familiar), refiere nuestro entrevistado.
Según el Cedla, el 71 por ciento de la población ocupada trabaja en el sector informal no asalariado; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere 85 por ciento hasta el año 2020 y datos de organizaciones empresariales hablan de más del 80 por ciento.
Salarios bajos
Rojas menciona que cerca del 33 por ciento de los trabajadores asalariados en el país ganan por debajo o igual que el salario mínimo nacional y cerca del 60 por ciento perciben un sueldo inferior al costo de una canasta alimentaria.
En 2019, el costo de la canasta alimentaria era 3.100 bolivianos, esto quiere decir que, aplicando el 60 por ciento, seis de cada 10 ganaban igual o por debajo de ese monto, ese salario sólo le alcanza al trabajador para comprar alimentos, dejando fuera la educación, salud, transporte, vivienda y otras necesidades que son importantes para cualquier persona.
En 2021, según el Cedla, el costo de la canasta alimentaria era de 2.650 bolivianos y cerca de un 55 por ciento de los asalariados ganaba por debajo de este monto, es decir, el trabajador sólo podía cubrir los gatos de alimentación de él y su familia.
“Es un proceso alarmante de flexibilización y, por tanto, de la precarización de las condiciones de trabajo”, concluye Rojas.