No solo es posible que opten por esta vía tras la cesación del término de funciones en las Máximas Magistraturas Judiciales, sino que ya ha ocurrido, dejando un antecedente.
Hasta mayo de 2009, los Magistrados designados antes de la asunción de Evo Morales se vieron forzados a renunciar uno a uno, culminando con la dimisión de la entonces Magistrada Sivia Salame el 26 de mayo de 2009, la única que quedaba en funciones. Esto dejó al Tribunal Constitucional de Bolivia sin magistrados, permitiendo al Poder Ejecutivo y Legislativo legislar un freno Constitucional de contra peso y retrasando la resolución de miles de casos pendientes.
Salame renunció acusando al Gobierno de Evo Morales de presiones para desmantelar la entidad, reduciendo presupuesto y competencias.
El 17 de febrero de 2010, Evo Morales firmó el Decreto Supremo 432 designando a los Magistrados que él mismo había elegido para ocupar las Máximas Magistraturas Judiciales y, al día siguiente, los posesionó «transitoriamente en el cargo».
A pesar de los intentos de la oposición por detener las designaciones, eran minoría en la Asamblea Legislativa.
¿Pero cómo fue posible?
Gracias a las prerrogativas otorgadas por una “Ley de Necesidad de Transición” encargada para tal fin, aprobada previamente por la mayoría Masista en la Asamblea Legislativa.
Sin duda, este escenario podría repetir Luis Arce para extender el mandato de los actuales Magistrados por «necesidad», hasta que en la ALP haya el quórum suficiente para aprobar el reglamento para una futura elección conforme manda la Constitución y las leyes.
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