El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor Jorge Silva. Dijo que la disposición séptima de PGE 2025 da el respaldo legal a las autoridades del Estado para realizar los controles y fiscalización donde se detecte que están acumulando u ocultando los productos alimenticios de la canasta familiar para luego cometer el delito de “agio» por parte de los intermediarios.
Rechazo que se pretenda perjudicar a los empresarios u productores, afirmó que se los convocará a una socialización de la reglamentación una vez aprobada el PGE 2025.
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Fuente: DTV
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